A poco más de dos meses que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, tome posesión, el país navega por una crisis de gobernabilidad y, según expertos, la incertidumbre será una constante mientras que el Ministerio Público (Fiscalía), mantenga sus intentos por revertir los resultados de los votaciones.
Durante octubre, la indignación y rechazo de los guatemaltecos contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, tocó su punto más alto con el bloqueo de más de 100 carreteras en todo el territorio, además de masivas manifestaciones para exigir su dimisión por intervenir en el proceso electoral.
‘La fiscal Porras se está jugando su futuro porque ha cometido delitos graves, incluyendo actos violatorios a la constitución, y sabe que si no logra sus objetivos, terminará en la cárcel’, explica a EFE el politólogo Ricardo Saénz de Tejada.
Fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras.
En opinión del experto, Guatemala está sumergida en una ‘incertidumbre’ porque quienes pretenden descarrilar los resultados electorales ‘están midiendo si tienen condiciones para imponerse y si se alineen diversos actores, incluido el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, así como la capacidad de reprimir a los manifestantes’.
Bajo este escenario de riesgo, la población está a la espera del 14 de enero para que Arévalo de León asuma la presidencia por un período de cuatro años, tras vencer en los comicios de este año a la política tradicional guatemalteca.