Octavio Romero, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reveló el impacto de los juicios masivos interpuestos de manera irregular contra 373 mil 812 derechohabientes, en los que despachos legales despojaron de sus viviendas a los afectados.
“Son 374 mil derechohabientes afectados, de los cuales 249 mil perdieron su vivienda“, indicó Romero durante su intervención en la conferencia matutina.Romero explicó que esta problemática se concentró principalmente en seis estados del país, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, Ciudad de México y Morelos, donde se registraron el 82% de las demandas.Además, detalló que en administraciones pasadas, el Infonavit no tomó medidas para frenar estas irregularidades y, por el contrario, realizó pagos millonarios a los despachos involucrados.
En 2020, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, el consejo del Infonavit ordenó detener los desalojos y desistirse de los juicios masivos.
Ese mismo año, dijo, el instituto presentó una denuncia penal en Nayarit contra despachos de abogados, funcionarios del poder judicial y notarios públicos implicados.
“En aquel entonces, fueron acusados un notario, un magistrado, cinco jueces y otros cinco funcionarios. Hoy día, dos jueces y tres funcionarios siguen en la cárcel“, señaló.
Sobre el caso Nayarit, fueron dos magistrados sentenciados por este fraude, entre ellos el expresidente del Poder Judicial de Nayarit, quienes quedaron libres a partir de un procedimiento abreviado, pero pagaron 5 millones de pesos cada uno como reparación del daño.
Nayarit, centro de las irregularidades
Romero explicó que Nayarit se convirtió en un punto clave para ejecutar estas demandas debido a la lejanía entre los acreditados y los procedimientos judiciales. De los 62 mil derechohabientes afectados en ese estado, solo 737 eran originarios de Nayarit.
“Llama la atención que 17 mil 700 derechohabientes tenían su vivienda en Chihuahua, 16 mil 500 en Tamaulipas, 6 mil 200 en Nuevo León y 20 mil en el resto del país. Solo 737 eran de Nayarit“, puntualizó.
El director del Infonavit detalló que la revisión del fenómeno a nivel nacional reveló patrones similares en otros estados.
En el Estado de México, por ejemplo, de 54 mil 700 juicios, solo 79 correspondían a acreditados de la entidad; en Tamaulipas, de 42 mil juicios, solo 3 mil 500 eran de ese estado; en Chihuahua, 30 mil de los 31 mil juicios involucraban a derechohabientes de otras entidades.
Casos similares ocurrieron en Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Guerrero y Aguascalientes.
Romero presentó un panorama desalentador respecto a las consecuencias de estos juicios.
“De los 373 mil 812 derechohabientes afectados, 249 mil perdieron su vivienda. De estos, 207 mil propiedades no pueden ser escrituradas porque los juicios son ilegales. Estas viviendas no son del derechohabiente original ni del Infonavit”, explicó.
Además, señaló que el instituto subastó 42 mil viviendas de los afectados, a pesar de que 22 mil acreditados estaban al corriente en sus pagos.
“No hay ninguna razón para que estas personas hubieran sido incluidas en estos juicios”, enfatizó.
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