El gobierno federal responsabilizó a las autoridades de Chihuahua por el motín que se dio en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, que dejó 25 fugados, entre ellos Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, El Neto, uno de los más cruentos líderes criminales de la región –del que no se solicitó el traslado a una cárcel federal—, y 17 asesinados.

El hecho, agregaron integrantes del gabinete de seguridad federal, evidenció la presencia al interior de esa cárcel administrada por la autoridad local de condiciones que favorecieron la fuga, pues se hallaron armas largas y cortas, cargadores, cartuchos de diferentes calibres, diez celdas “VIP”, drogas, más de 1.7 millones de pesos y hasta una caja fuerte.

“Es un penal estatal donde la responsabilidad sobre lo que sucede al interior, todas las medidas de seguridad y despliegue es responsabilidad del estado, ellos son los que establecen las condiciones en cuanto a seguridad deba de tener este penal”, enfatizó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, en conferencia de prensa realizada hoy en Palacio Nacional, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apuntó que pese a este evento y fuga –que dejó libre a El Neto, líder del grupo delictivo Los Mexicles, afines del cártel de Caborca— el gobierno federal no cambiará la estrategia de seguridad.

En tanto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, actualizó la cifras que dejó el motín: 25 reos evadidos de las áreas 4 y 5 del Cereso, entre los que se encuentran integrantes de Los Mexicles; 17 personas asesinadas, diez custodios del penal y siete internos; y 15 lesionados, 14 reclusos y un integrante del cuerpo de seguridad.

Agregó que ayer mismo se detuvo a cinco personas, que presuntamente habrían participado en el operativo que dio pauta para la fuga.

“Este centro penitenciario número 3 cuenta con población de 3 mil 901 internos, de acuerdo a las autoridades del penal; y está a cargo de las autoridades estatales de Chihuahua. Desde que se dio aviso a la autoridad federal de los sucesos se estableció comunicación con Sedena y la Guardia Nacional para otorgar el apoyo solicitado y lograr ingreso y control del reclusorio estatal, dado el limitado numero de elementos de seguridad local”, delineó Rodríguez.

La funcionaria refirió que la administración y cuidado de los penales estatales son responsabilidad de los gobiernos locales, “por lo que el gobierno federal no podría llegar a introducirse en procesos o sentencias que se están ejecutando en estos lugares”.

Por dahemont

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