La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita, al ex presidente Enrique Peña Nieto, provenientes de un familiar. Con esta información, la fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar si existe un delito en estas operaciones que motive la judicialización del caso.

El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, detalló que Peña Nieto conformó dos empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos, una de las cuales tenía “relación simbiótica” con una compañía extranjera. Esta última se convirtió en proveedor de su administración, en la cual “se benefició” de contratos por un total de 10 mil 533 millones de pesos: 714 millones en 2013, 2 mil 126 en 2014, 5 mil 505 en 2015, 948.7 en 2016, 991 en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018.

En la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la prioridad de su gobierno es combatir la corrupción, pero no se pretende hacer de ello un circo o un espectáculo, porque no es el propósito empantanarse en el escándalo. La UIF depende del Presidente y la instrucción que tiene, “para que se oiga bien y se oiga lejos”, es no ocultar información ni convertirse en una simulación para permitir la corrupción, aunque también aseveró que no hay persecución política ni construcción de delitos en su gobierno.

“Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios, y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir: ‘Se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero’, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos “, agregó.

La instancia que determinará si existe un delito será el Ministerio Público y después un juez. “No le voy a decir al fiscal: no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal, ya no tengo autoridad que resuelva con autonomía. No vamos a estar persiguiendo a nadie. Si el fiscal, con pruebas, integra un expediente que demuestra que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez”.

Por dahemont

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